A- de 2019

En este caso la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia planteó una controversia en torno a su competencia para decidir la impugnación formulada en contra del fallo de tutela proferido por la Sala Penal de la misma Corporación.

Dicha Sala, no sólo se consideró incompetente para tramitar el recurso, sino que declaró la nulidad de todo lo actuado con fundamento en los argumentos de los recurrentes referentes a las autoridades demandadas.

Considera la Corte Constitucional que no se presentó un conflicto de competencia por cuanto no hubo un pronunciamiento de dos o más autoridades que rehusaran asumir el conocimiento del recurso impetrado.

Precisa, que lo que se presentó fue el desconocimiento del principio de la perpetuatio jurisdictionis según el cual, la competencia no puede alterada ni en primera ni en segunda instancia cuando ya una autoridad judicial avoca el conocimiento de la acción de tutela.

Se ordena remitir el expediente a la precitada Sala, para que de manera inmediata tramite la impugnación y profiera la decisión de segunda instancia que corresponda.

Se le hace una advertencia a dicha autoridad para que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.